MÉXICO GASTA MÁS DE 200 MIL MILLONES DE PESOS EN PPL
Por: Claudia Reyes.
Sin duda, el tan anunciado nuevo orden mundial, desde hace dos décadas, y la reestructuración de la geopolítica económica de mercados, más los innovadores formatos de guerras con armas biológicas y de control de masas, probados y aplicados en sus inicios en la guerra del Golfo por el ejército estadounidense, se hacen ver y sentir hasta el último eslabón de la cadena alimenticia en las diferentes sociedades del globo hoy día.
Las transculturaciones, la implantación de ideologías absurdas en la mente de las nuevas generaciones, como la woke, que pasa por alto la biología y determina más de un género; el contenido violento y sexualizados, la pésima y precaria educación pública, determinan comportamientos definidos en la nuevas generaciones, parte del gran plan global para mantener el status “Quo” y un Estado de Derecho fallido, que criminaliza con instituciones ineficientes que aplican “justicia” sólo si y sólo si, a discreción.
Y entonces tenemos en las calle a jóvenes delincuentes, asesin@s, madres niñas y adolescentes, que abandonan a sus hijos en las calle, que los tiran a la basura, madres que matan a sus parejas por violar a sus hijas, padres que por consuetudinarismo abandonan a sus parejas embarazadas, con todo el peso social, económico y psicológico que esto representa y medios de comunicación preguntándose absurdamente, -¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?-, cuando todo el contexto anterior marca la antesala para la creación de delincuentes jóvenes, fuertes y en edad productiva. ¿Por qué y para qué?.
Uno de los nuevos modelos de Economía de Estado será la privatización de las cárceles corporativizadas, donde los presos serán la mano de obra en una “moderna esclavización justificada” en nuestro vecino del Norte las grandes corporaciones son GEO GROUP y CORE CIVIC que controlan todo el sistema de detenciones de AIC y la Border Patrol, donde 9 de cada 10 detenidos terminan en sus centros de detención, y en sólo el último año sus acciones subieron un 185%, por las coyunturas políticas en las que se inició una persecución de latinos criminalizados y entregados al complejo sistema industrial de cárceles, Estas mismas empresas donaron 1.5 millones de dólares directos a la campaña de Trump y en 2016 le invirtieron 4 millones de dólares a la política, al final del día nosotros ponemos a los presos que no es lo mismo que delincuentes.
El complejo industrial de prisiones es profundamente corrupto donde recuperan 10 veces más lo invertido a través de gobierno en contratos, para encarcelar inmigrantes porque en sus contratos el gobierno estadounidense está obligado jurídicamente a pagar por 35 mil camas cada noche en sus centros de detención se usen o no, siendo pagadas con dinero de los contribuyentes gringos, pero ¿quiénes son los dueños de éstas empresas? Pues los super ricos, los fondos Black Rock y Vanguard dueños de todas las empresas del NASDAK
En el salvador Bukele no se cansa de presumir su Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), más grande de América Latina (AL); bajó los índices de homicidios drásticamente, que imponían un Estado de excepción en el país, sumando la tasa carcelaria más alta del mundo; desmanteló la corporación delictiva “Mara Salvatrucha” y “La MS13”, Sureños, Revolucionarios; en este contexto el Presidente Salvadoreños, propuso hacerse cargo de la banda delictiva venezolana “El Tren de Aragua” con tentáculos en varios países de AL. En esta cárcel los presos trabajan para el Estado y para pagar sus insumos, no reciben salario, pero si 400 gramos de comida sin proteína.
En México el sistema penitenciario es Mixto, hay privadas y públicas las cuales en investigaciones no se han encontrado diferencias de operación, pues ambas se administran bajo el autogobierno, el pandillaje interno y la corrupción. Hay por lo menos 10 cárceles privadas que se construyeron en el sexenio de Felipe Calderón, que han recibido más de 75 mil millones de pesos en los últimos 9 años que corresponde sólo el 36% del pago total, pues el Estado tiene un adeudo contractual a 20 años de más de 190 mil 638 millones de pesos, es decir que se deberán pagar hasta el 2037. Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán, Coahuila son los Estado donde cuentan con un centro penitenciario privado a los que se paga 114 mil 588 pesos por Persona Privada de su Libertad (PPL), al mes. Dinero que se paga de los contribuyentes mexicanos cumplidos.
En Perú, Brasil y Argentina ya hay propuestas de ley para privatizar el sistema penitenciario. El riesgo en México, como en otros países, es que las empresas de este modelo de negocio influyan de manera corrupta en las políticas del sistema judicial para mantener altas las tasas de encarcelamiento, generando un conflicto de intereses. Por un lado, a la sociedad se le presentan supuestos resultados con retenciones prominentes y constantes que “desmantelan la delincuencia”; por otro, se criminaliza por el puro hecho de entregar cuotas de encarcelamiento donde se prioriza el lucro sobre la readaptación de los internos, con personal y servicios esenciales reducidos para maximizar la plusvalía. Sin olvidar que México está en un proceso de transformación judicial que podría diseñarse a modo de este modelo de inversión, teniendo como materia prima a PPL.
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